Coronavirus
Liberadas del CIE de Aluche las primeras personas inexpulsables

El Ministerio de Interior empezó a liberar el miércoles a personas retenidas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) cuya expulsión no se puede ejecutar debido a la situación de emergencia sanitaria y cierre de fronteras ordenado por una parte de los países a donde se realizan las deportaciones.

Según ha trascendido, las instrucciones recibidas por la Unidad Central de Repatriaciones serían que todas las personas que estén internadas y no puedan ser expulsadas antes del 29 de marzo, deben ser puestas en libertad. La extraordinaria medida, se adapta a la situación de excepción que está viviendo el Estado español por la pandemia de coronavirus y obedece al cumplimiento del Real Decreto 463/2020 de Declaración del estado de alarma.

Este miércoles fueron liberadas del CIE de Aluche, en Madrid, una decena de personas cuyo perfil se encuadraría entre aquellas que tienen un domicilio fijo en el cual estar confinadas. Para el resto, el Gobierno buscaría una alternativa habitacional a efectos de cumplir con la cuarentena, posiblemente en las denominadas plazas de ayuda humanitaria, que asigna el Ministerio de Trabajo

La orden, aunque tardía, llega tras el reclamo de diferentes organizaciones de derechos humanos y presentaciones judiciales de representantes legales de las personas allí encerradas. Para todas, no tiene sentido la medida cautelar de internamiento cuando no se está pudiendo expulsar a los respectivos países.

Mucho más gravoso resulta confirmar, una vez más, el olvido de las autoridades hacia una población privada de libertad sin las mínimas garantías de aislamiento y cuidados preventivos de protección, como las que están teniendo el resto de vecinas y vecinos. Motivo que generó la revuelta de los internos en Madrid.

En este momento serían poco más de 450 las personas retenidas en estos espacios según la siguiente distribución: en Valencia unas 60, Murcia 90, Barcelona 45, Barranco Seco 69 y Hoya Fría 26 (ambos en las Islas Canarias). Madrid más de 150 personas y Algeciras 25 (este lunes fue trasladado allí un reducido número de internos desde el centro de Tarifa, que ya ha quedado inoperativo).

Las primeras personas que quedarían en libertad serían aquellas que tienen un domicilio fijo en el cual estar confinadas. Para el resto, el Gobierno estaría buscando una alternativa habitacional

Marruecos, Senegal, Argelia y gran parte de los países de América Latina han cerrado o están cerrando su espacio aéreo como medida de prevención contra la pandemia, lo cual hace imposible la ejecución de esas expulsiones y, por ende, se impone la inmediata liberación de las personas que aún siguen privadas de su libertad por la mera razón de no tener su situación administrativa regularizada.

No obstante esta medida, el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska seguiría empeñado en que se practiquen los vuelos macros de repatriación sin contemplar la gravedad de la excepción sanitaria, una disposición que parece contravenir todas las opiniones médicas responsables, tendentes a evitar cualquier posibilidad de propagación del virus más allá de las fronteras.

Que una persona asintomática sea expulsada no quiere decir que no esté infectada por el virus, son innumerables los casos de personas a las que un día se les han practicado las pruebas correspondientes dando negativo, y a las 24 o 48 horas, en otros estudios, la muestra sale positiva.

Preocupa especialmente a los colectivos la continuidad de los vuelos de deportación a Mauritania. En los últimos meses, con el incremento en la llegada de pateras a las Islas Canarias, Interior ha incrementado la cantidad de macro vuelos de deportación a ese país, llevando fundamentalmente a ciudadanos de Mali.

Este artificio legal, se ejecuta aprovechando un convenio que data de 2003 por el cual el país receptor no solo acepta a personas que tengan esa nacionalidad, sino a nacionales de un tercer país que hayan pasado por Mauritania en el tránsito de su ruta migrante.

Una revuelta con muchas negociaciones

La revuelta que las personas internas del CIE de Aluche protagonizaron en la tarde del martes, puso el foco mediático en la situación de olvido y falta de cualquier protección que padecen las personas allí internadas. Pasadas las 18 horas, los internos comunicaban a activistas de la Plataforma CIEs No de Madrid la decisión de “hacer algo” para salvaguardar su salud. El posible aislamiento de un interno por un potencial caso de coronavirus y síntomas de gripe en algunos de ellos fueron los motivos que encendieron la llama de la revuelta.

Las opiniones al parecer estaban divididas entre quienes deseaban comenzar una huelga de hambre y quienes pensaban que lo mejor era sacar las demandas al exterior del CIE. Se impuso esta última y el camino elegido fue subirse al techado del patio de hombres, una estructura creada en las últimas obras realizadas recientemente, y desde allí llamar la atención al grito de libertad.

Puesta en conocimiento la situación en Defensoría del Pueblo, una técnica de esta institución, especializada en migración, se puso en contacto con la Plataforma y a través de ésta pudo iniciar una extensa negociación telefónica con dos de los internos subidos a los techos. También se acercó hasta el lugar el jefe de la Unidad Central de Repatriaciones (UCER) y un diputado de Unidas Podemos.

La negociación a tres bandas, política, policial y de Defensoría, en todo momento buscaba tranquilizar los ánimos, escuchar, dar respuesta a las demandas y garantizar a las personas que protagonizaban la protesta, que no se tomarían represalias de ningún tipo por la acción llevada a cabo. También se trasladó al lugar una unidad de bomberos.

La revuelta en el CIE de Aluche la tarde del martes, puso el foco mediático en la situación de olvido y falta de cualquier protección que padecen las personas allí internadas

No era fácil la mediación. En los más de quince años de existencia del Centro, son conocidas las medidas coercitivas denunciadas por las personas que han pasado por allí, como también la innumerable cantidad de denuncias por posible violación de los derechos humanos. En mayo y junio de 2019, la titular del Juzgado de Instrucción nº 19, en funciones de control CIE, Inmaculada Iglesias, dictó sendos autos ordenando investigar comportamientos policiales en el CIE “por posible delito de torturas”.

Según cuentan diferentes fuentes a El Salto, fue determinante la charla que la técnico de Defensoría tuvo con uno de los internos que estaba subido a los techos, quien accedió a bajar para hablar con policía y el diputado. La garantía de que no habría represalias y el compromiso de analizar caso por caso en los días siguientes, terminó de persuadir a quienes protestaban. Pasadas las 22 horas, el grupo que quedaba sobre los tejados bajó por la escalera extendida por el cuerpo de bomberos, poniendo fin a cuatro horas de protesta.

Al mediodía de ayer miércoles, el Comisario Principal y Director Operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, confirmó en la rueda de prensa posterior al Comité de gestión técnica que “se está estudiando caso por caso y todo aquel que se tenga que poner en libertad, lo haremos”. Asimismo, negó que se hubiera producido algún positivo de coronavirus en el CIE.